REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIA
LEY 7914 DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999

REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

 

TITULO I

GENERALIDADES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento regula la actividad del Estado en materia de emergencias, así como las acciones ordinarias de prevención, en el territorio nacional, dentro del marco establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley número 7914, Ley Nacional de Emergencia.

Artículo 2.- La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es un órgano con desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República. El ejercicio de sus competencias estará regido por lo que dispone el artículo 83 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 3.- La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias gozará de personalidad jurídica instrumental, patrimonio y presupuesto propios.

CAPITULO II

Declaratoria de Emergencia

Artículo 4.- Existen dos tipos de emergencias a saber:

Las emergencias declaradas como tales mediante decreto ejecutivo

Las emergencias locales pequeñas, que son todos aquellos eventos cuyos efectos resulten en daños personales y materiales aún cuando las mismas no sean declaradas como tales mediante decreto ejecutivo.

Artículo 5.- En el plazo entre la ocurrencia del evento y la declaratoria de emergencia, la Comisión deberá actuar en forma inmediata para atender las necesidades y requerimientos de la situación hasta que cesen los efectos provocados por la emergencia ó se emita la correspondiente declaratoria de emergencia vía decreto ejecutivo.

En este período de primer impacto, con base en lo establecido en el artículo 8 de la de Ley Nacional de Emergencia, se aplicarán los principios de racionalidad y proporcionalidad entre la necesidad que se pretende atender y el medio que se estime adecuado para ello así como el principio de necesidad urgente según el cual el bien jurídico más débil debe ceder ante el bien jurídico más fuerte, con el menor daño posible para el primero. Bajo el principio de solidaridad que debe concurrir en una situación de emergencia, se utilizarán los medios públicos y, en su caso, los privados que se requieran en cada circunstancia.

Artículo 6.- El Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia declararán estado de emergencia mediante la emisión del correspondiente decreto ejecutivo; éste deberá contener claramente el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños provocados en efecto, las zonas geográficas del país afectadas por el estado de emergencia así como las servidumbres legales que soportarán los predios de propiedad privada ubicados en las zonas geográficas determinadas en la declaración de emergencia.

Artículo 7.- De conformidad con lo que establece el artículo 30 de la Ley Nacional de Emergencia, la Dirección Ejecutiva de la Comisión en consulta con su Presidencia, deberá preparar dentro de un plazo razonable después del inicio de la consulta indicada en dicho artículo, el Plan Regulador para la atención de la Emergencia a fin de atender dicha declaratoria de emergencia de conformidad con los parámetros geográfico temporales del respectivo decreto emitido por el Poder Ejecutivo.

Luego de la conclusión de la elaboración del Plan Regulador, la Junta Directiva de la Comisión, mediante convocatoria por parte de su Presidente, deberá discutir y aprobar el Plan Regulador. La Junta además podrá, por acuerdo y en cualquier momento que se considere oportuno, introducirle modificaciones al Plan Regulador para la Atención de la Emergencia.

Una vez aprobado dicho Plan el mismo tendrá el carácter de vinculante para todas las instituciones convocadas y encargadas de la atención de la emergencia; y deberá ser comunicado a los entes vinculados con el propósito de que sirva de guía en relación a lo que está incluido dentro del decreto emitido.

Hasta tanto el Poder Ejecutivo no decrete la finalización del estado de emergencia, el Plan Regulador para la Atención de la Emergencia será el documento prioritario en relación con el plan que cada ministerio, institución y entidad pública tenga para la atención de la emergencia.

Artículo 8.- El Plan Regulador para la Atención de la Emergencia deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:

a) El detalle de la emergencia a atender.

b) La ó las zonas geográficas afectadas.

c) La descripción y evaluación de los daños personales y materiales ocurridos con motivo de la emergencia, así como los que podrían producirse.

d) Las medidas que corresponderán individual o conjuntamente a la administración central, descentralizada, instituciones y entes del Estado y a las autoridades públicas vinculadas a la emergencia decretada.

Artículo 9.- En el plazo entre la declaratoria de emergencia y la aprobación del Plan Regulador para la Atención de la Emergencia, la Comisión, será la encargada de coordinar el proceso de atención de la emergencia, las acciones desplegadas y las que se requieran ejecutar, determinar los responsables y tomar las decisiones que se requieran. La Presidencia de la Comisión será responsable de mantener informada a la Junta sobre el cumplimiento de las decisiones tomadas.

Artículo 10.- La declaratoria de emergencia estará precedida por la etapa de primer impacto que es aquella que se da en forma inmediata entre la ocurrencia del evento y las consecuencias impostergables provocadas por éste y la declaratoria de emergencia. Período durante el cual la Comisión deberá actuar en forma inmediata para atender la situación aplicando los principios establecidos en la Ley Nacional de Emergencia.

Una vez emitido el correspondiente decreto ejecutivo de declaratoria de emergencia y de conformidad con sus lineamientos, la Comisión deberá desplegar sus acciones para la atención de la emergencia, según las fases que se detallan:

a) La inicial.

b) La intermedia.

c) La de conclusión.

En todas las etapas, la Comisión, bajo la dirección de su Junta Directiva, su Presidencia Dirección Ejecutiva y su Dirección Ejecutiva, coordinará con los ministerios, gobiernos locales, instituciones y entidades públicas y privadas competentes o relacionados con las actividades a desarrollar, la ejecución de las tareas o acciones correspondientes de conformidad con las prioridades establecidas en el artículo 11 de este Reglamento.

En relación con las dependencias, instituciones públicas y gobiernos locales, la Comisión tendrá el mando único sobre las actividades a desarrollar con motivo de una emergencia.

En relación con las entidades y organizaciones privadas en general que colaboren, la Comisión tendrá la coordinación general.

Artículo 11.- Durante la fase inicial se deben ejecutar las acciones de información a los ciudadanos, el rescate y salvamento de personas y bienes, la asistencia sanitaria de las víctimas, la atención social de los damnificados y la rehabilitación de los servicios públicos esenciales.

La fase intermedia corresponde a la rehabilitación de la zona afectada, incluyendo al menos, la limpieza, los accesos a la zona de desastre, el traslado temporal de la población, la construcción de albergues y el aprovisionamiento.

En la etapa de conclusión se coordinará con las otras instituciones encargadas la reconstrucción de las viviendas de interés social destruidas, los acueductos, los alcantarillados y los tendidos eléctricos, de forma tal que se regrese al estado normal de los servicios públicos afectados por la emergencia.

Para la ejecución de todas las acciones descritas anteriormente aplica el régimen de excepción contemplado en el artículo 8 de la Ley Nacional de Emergencia.

Artículo 12.- Le corresponde al Poder Ejecutivo ante recomendación de la Comisión, declarar mediante decreto ejecutivo el cese de la declaratoria de emergencia.

 

CAPITULO III

Imposición de Servidumbres, Ocupación Temporal,

Demolición de Edificaciones Públicas o Privadas y

LA EXPROPIACION

Artículo 13.- Cuando en razón de las servidumbres que se ordenen sobre los bienes inmuebles de propiedad privada ubicados en la zona geográfica afectada por el decreto de emergencia, o de su ocupación, ocurran daños, el propietario del bien en cuestión podrá presentar solicitud de indemnización, detallando los daños producidos por la ocupación, demostrando la relación causal entre ambos hechos, la fecha de ocurrencia de los daños y su costo. El propietario afectado deberá presentar la solicitud de indemnización ante la Comisión en un plazo máximo de quince días a partir de la afectación o de la cesación de la ocupación por parte de los funcionarios de la ó las entidades correspondientes. En el supuesto de que por caso fortuito o fuerza mayor el propietario del inmueble no pueda presentar la solicitud indicada, podrá hacerlo su apoderado con poderes suficientes para el acto o bien un pariente hasta primer grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 14.- Producido el reclamo correspondiente, la Comisión por intermedio de su Dirección Ejecutiva, abrirá un expediente administrativo en el que constarán todos los documentos técnicos en relación con los daños reclamados, la relación causal entre la ocupación administrativa y los supuestos daños y la ubicación geográfica temporal de los hechos, así como el avalúo pericial judicial de los daños reclamados.

Artículo 15.- Como acto previo a dar trámite al reclamo y dentro de los treinta días posteriores a la recepción de la solicitud de indemnización, la Dirección Ejecutiva, en representación de la Comisión, deberá solicitar por los trámites de jurisdicción voluntaria, la realización de un avalúo pericial judicial y una vez recibido el mismo, deberá trasladarlo a la Junta Directiva para su conocimiento y resolución.

Artículo 16.- Recibido el avalúo pericial judicial, la Junta Directiva dispondrá de un plazo de treinta días para emitir la resolución correspondiente, en la cual deberá detallar los hechos que provocan la indemnización por parte del Estado, la relación causal entre la declaratoria de emergencia y los daños causados, la ubicación del terreno dentro de las áreas geográficas incluidas en el decreto de emergencia, la participación de autoridades públicas en la producción de los daños y el monto de la indemnización; con lo cual se tendrá por agotada la vía administrativa. El pago de la indemnización, en los casos en que la misma se conceda; se tramitará a través de los procedimientos normales y se pagará a través del presupuesto nacional.

Artículo 17.- La Junta Directiva de la Comisión, previo estudio técnico, realizado por profesionales competentes y mediante acuerdo razonado, podrá ordenar la demolición de toda edificación pública o privada, cuando:

a) Estén ubicadas en áreas geográficas incluidas en la declaración de emergencia y se encuentren en estado de ruina o deterioro, o bien se hallen en un área de inminente peligro, arriesguen la seguridad o salubridad de las personas.

b) Hayan sido construidas, ampliadas, modificadas, remodeladas, arregladas o hayan recibido algún tipo de trabajo estructural en contravención de las disposiciones contenidas en la resolución que sobre este tipo de labores haya emitido la Comisión y a que hace referencia el artículo 26 de la Ley Nacional de Emergencia.

La resolución deberá contener como mínimo, la siguiente información:

 antecedentes

descripción y ubicación exacta del bien

plazo para ejecutar la demolición

responsable de ejecutar la demolición

El propietario del inmueble afectado por la resolución de la Comisión podrá presentar recurso de reposición ante la misma Comisión dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación que le haga la Comisión de la resolución correspondiente. La Comisión deberá resolver el recurso planteado en un plazo máximo de tres días a partir de su presentación, dando por agotada la vía administrativa.

En el supuesto de que por caso fortuito o fuerza mayor el propietario del inmueble no pueda presentar la solicitud indicada, podrá hacerlo su apoderado con poderes suficientes para el acto o bien un pariente hasta primer grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 18.- Una vez declarado el estado de emergencia, mediante decreto ejecutivo, y mientras el mismo esté vigente, el Poder Ejecutivo podrá expropiar las propiedades o sus derechos indispensables cuando sea necesario para cumplir con los objetivos de la Ley Nacional de Emergencia y este Reglamento, dentro de los términos y condiciones del artículo 45 de la Constitución Política y la ley que regula las expropiaciones.

Para estos efectos, el Poder Ejecutivo, deberá emitir un decreto ejecutivo razonado que contendrá al menos, los siguientes elementos:

a) Indicación expresa del inmueble o de los derechos a expropiar.

b) La relación causal entre la expropiación y el estado de emergencia.

 

CAPITULO IV

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

Artículo 19.-La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es la entidad responsable de coordinar las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente de emergencia, y la mitigación y respuesta a situaciones de emergencia. Como competencia tendrá dos tipos de actividades: la actividad ordinaria y la actividad extraordinaria amparada por una declaración de emergencia.

Artículo 20.- La actividad ordinaria de la Comisión estará sujeta a los trámites ordinarios del ordenamiento jurídico para lo cual no se requiere otro trámite y consistirá en:

La Organización y coordinación del sistema nacional de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia, de conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y con las disposiciones legales correspondientes.

El dictado, en tanto no sea facultad expresa de otra institución pública, de normas, resoluciones y dictámenes vinculantes, que regulen servicios y trámites en las obras civiles, públicas y privadas; así como concesiones varias en prevención del riesgo inminente de emergencia.

La realización, promoción y apoyo de estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus fines, así como la elaboración de proyectos para promover sistemas físicos, técnicos y educativos, con el fin de prevenir riesgos de inminente emergencia y atención de emergencias.

El establecimiento y mantenimiento de relaciones con otras entidades nacionales o internacionales gubernamentales o no gubernamentales cuyos cometidos sean afines con la institución, y la suscripción con ellas, de los acuerdos, convenios o contratos de intercambio y cooperación que estime convenientes.

La preparación, coordinación y atención de situaciones de inminente riesgo de emergencia, mediante el estudio y la implantación de las medidas oportunas para mantener en observación, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y los daños que puedan derivarse de ellas, se realizarán los esfuerzos necesarios para propiciar el conocimiento y la organización por parte de los habitantes, en especial de los grupos que se encuentran en riesgo mayor.

La redacción del Plan Nacional de Emergencias, en consulta con las entidades cuyas competencias se incluyen, así como la actualización y el desarrollo de dicho Plan. Este Plan será emitido por decreto ejecutivo.

La elaboración y actualización de los planes reguladores para la prevención de riesgos inminentes de emergencia en cada municipio, acordes con el Plan Nacional de Emergencias, en el que participarán entidades públicas y privadas, así como la sociedad civil en general. La Junta Directiva deberá aprobarlos.

La coordinación de la redacción del Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

La promoción, elaboración y oficialización de los mapas de zonas de riesgo inminente de emergencias en todo el país para lo cual podrá solicitar la colaboración a todas las municipalidades y entidades vinculadas cuando se estime necesario.

La gestión de la ayuda internacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para los programas de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y la atención de emergencias.

La coordinación de la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecerles a otras naciones que hayan declarado emergencia sus territorios, cuando el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores así lo acuerden. Dicha cooperación estará constituida por recursos humanos o donaciones de bienes, según las posibilidades del país.

Artículo 21.-Como actividad extraordinaria, la cual se realizará una vez declarado el estado de emergencia, corresponderá a la Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y rehabilitación. Para ello debe ejecutar como mínimo, las siguientes acciones:

Evaluar los daños y presentar un informe de ellos denominado Plan Regulador para la Atención de la Emergencia al Poder Ejecutivo, para lo cual contará con el apoyo técnico de las instituciones del Poder Ejecutivo, las autónomas, municipalidades y empresas estatales.

Planificar, coordinar, organizar y supervisar la ejecución de acciones de salvamento, de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.

Coordinar las investigaciones científicas y técnicas necesarias para el plan, así como los programas de recuperación física y económica.

Nombrar, como unidades ejecutoras, a las instituciones públicas que tengan bajo su competencia, la ejecución de las obras definidas en el Plan Regulador para la Atención de la Emergencia y supervisar su realización.

Contratar al personal especial requerido, por período determinado, conforme a la declaración de emergencia.

 

TITULO II

ORGANIZACIÓN DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CAPITULO I

ORGANOS

Artículo 22.- La Comisión contará con los siguientes órganos: La Junta Directiva, la Presidencia y la Dirección Ejecutiva. Además existirá una Auditoría Interna.

CAPITULO II

LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 23.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Nacional de Emergencia y lo señalado en este artículo, al comienzo de cada período presidencial, el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia nombrarán a los miembros de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. La Junta Directiva estará integrada por nueve personas: un Presidente que será el máximo jerarca de la institución y ocho miembros designados en forma discrecional por el Poder Ejecutivo, buscando la representación de las siguientes áreas: salud, obras públicas, vivienda, asistencia social, ambiente, seguridad y la Cruz Roja Costarricense.

Ocurrida una vacante, el Poder Ejecutivo en el menor plazo posible y no mayor de quince días hábiles, procederá a llenarla designando al sustituto.

El hecho de que ocurra una vacante y el sustituto no haya sido nombrado no impedirá a la Junta Directiva sesionar, siempre y cuando haya un número suficiente de miembros para completar el quórum.

Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por períodos de cuatro años o fracción, contados a partir del ocho de mayo del inicio del período presidencial y podrán ser reelectos.

Artículo 24.- La Junta Directiva, en el ejercicio de su competencia, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Dictar las políticas generales de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

b) Aprobar el Plan Nacional de Emergencias, los programas de prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de emergencias y los planes reguladores referentes a las declaraciones de estado de emergencia. Para ello tendrá la facultad de solicitar a la Presidencia de la Junta la preparación de toda la información pertinente, que al efecto preparará el personal de la Comisión y que deberá ser suministrada por las instituciones, entidades, personas físicas o jurídicas y organismos nacionales o internacionales competentes.

c) Tomar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de los planes y programas a que se hace referencia en el inciso anterior. Para ello podrán solicitar la colaboración de las autoridades competentes.

d) Autorizar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de operación y sus correspondientes modificaciones internas y externas, que deberán someter a aprobación de la Contraloría General de la República cuando corresponda.

e) A solicitud del Presidente de la Junta, aprobar los planes de inversión correspondientes a las declaraciones de estado de emergencia y proceder a ejecutarlos de inmediato.

f) Nombrar y remover al Director Ejecutivo.

g) Nombrar al Auditor Interno.

h) Delegar el cumplimiento de determinados proyectos, acciones, obras o actividades en órganos, instituciones, entidades y organismos nacionales o locales. Para estos efectos el acuerdo entre la Comisión y la Unidad Ejecutora designada fijará las facultades, los límites, las competencias y las responsabilidades de las partes, acorde con la delegación realizada. La administración de los recursos financieros que se le asignen a los proyectos a ejecutar por estas unidades deberá cumplir con todos los mecanismos de control interno y externo vigentes para el manejo de fondos públicos. Dichas unidades deberán informar periódicamente a la Comisión sobre el desarrollo de su actividad y la aplicación de los recursos bajo su administración. Concluido el mandato, deberán rendir un informe detallado ante la Junta Directiva de la Comisión sobre la labor desarrollada y la utilización de los recursos asignados.

i)Nombrar y ratificar mediante acuerdo, los comités de prevención y atención de emergencias regionales, locales, comunales, institucionales, de empresa y los comités asesores técnicos. Para los efectos correspondientes la Junta Directiva dictará el reglamento que regulará la actividad de todos estos comités y a la vez, podrá crear un departamento especializado que será el responsable de organizar y dirigir todos los comités y velar porque estos se ajusten en sus actuaciones al reglamento. Todos los comités dependerán directamente del departamento respectivo.

j)Las necesarias para hacer posible el debido cumplimiento de las competencias, atribuciones y responsabilidades asignadas a la Comisión por ley.

Artículo 25.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Junta Directiva de la Comisión se regirá por las siguientes disposiciones:

a) La Presidencia de la Junta tendrá las funciones que le asigna el artículo 49.3 de la Ley General de la Administración Pública. El Secretario será el responsable de la comunicación de los acuerdos y de llevar el libro de actas en forma legal y correcta.

El Secretario sustituirá al Presidente durante sus ausencias y el director de mayor edad que se encuentre presente en la sesión sustituirá al secretario.

En caso de ausencia del Presidente y del Secretario, actuarán como tales los directores de mayor edad que se encuentren presentes en la sesión, en orden de edad.

b) La Junta Directiva deberá reunirse en forma ordinaria, por lo menos una vez por semana. El día y hora de las sesiones ordinarias será acordado por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Junta al iniciarse el cuatrienio, sin perjuicio de que más adelante, y por la misma mayoría, se disponga su modificación.

c) La convocatoria a sesiones extraordinarias podrá hacerse cuantas veces se estime necesario y deberá hacerse con razonable antelación por la Presidencia de la Junta Directiva, o por la solicitud conjunta de un número no menor de cuatro miembros de la Junta mediante un medio fehaciente. La convocatoria se acompañará con el Orden del Día y únicamente podrán discutirse los aspectos ahí consignados, salvo que la mitad más uno de los miembros de la Junta acuerden lo contrario.

No se aplicarán los requisitos del plazo y las formalidades para la convocatoria a sesiones extraordinarias, cuando se encuentren presentes todos los miembros del órgano y así lo acuerden por unanimidad.

d) El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano será el de la mitad más uno de la totalidad de sus miembros.

e) Salvo a lo dispuesto en la Ley o en el presente Reglamento, los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes y adquirirán firmeza con la aprobación del acta en la sesión siguiente, a menos que se declaren firmes por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva.

En el caso de los acuerdos que no quedan firmes cualquier miembro de la Junta tendrá derecho a solicitar la revisión del acuerdo, para lo cual deberá presentar, por la vía de la moción de orden, el recurso inmediatamente después de aprobado el acuerdo o antes de la aprobación del acta donde conste el acuerdo que se impugna. El recurso planteado deberá resolverse en la misma sesión en la que se conoce el acta correspondiente en donde consta el acuerdo, sin que sea posible postergarlo para otro momento.

Los acuerdos de la Junta adquieren firmeza con la aprobación del acta.

f) Cuando exista empate, el voto del Presidente será doble.

g) Ninguno de los miembros presentes en la sala de sesiones al momento de efectuarse la votación, podrá negarse a emitir su voto, salvo que concurran en él los motivos de abstención establecidos en la legislación vigente.

h) Contra los acuerdos de la Junta únicamente cabrá el recurso de revocatoria, dando por agotada la vía administrativa.

 

CAPITULO II

LA PRESIDENCIA

Artículo 26.- La Presidencia será ejercida por una persona de reconocida capacidad ejecutiva, nombrada por el Poder Ejecutivo. Será el funcionario de mayor jerarquía y ostentará la representación judicial y extrajudicial de la Comisión, con las atribuciones y facultades que le otorgan la Ley y el presente Reglamento, las cuales le serán inherentes a partir de su nombramiento, sin menoscabo de cualesquiera otras facultades que le asigne el Poder Ejecutivo mediante acto posterior.

Artículo 27.- El Presidente de la Junta Directiva de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Delegar las funciones permitidas según la Ley General de la Administración Pública.

b) Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva.

c) Velar por la ejecución de los acuerdos, resoluciones y disposiciones de la Junta, para lo cual mantendrá un sistema actualizado de registro y seguimiento de éstos, tendiente a verificarlos.

d) Presentar a la Junta Directiva para su discusión y aprobación, los proyectos de presupuestos ordinarios y extraordinarios, los planes reguladores de prevención y atención de emergencias así como cualquier otro asunto que requiera someter a su conocimiento.

e) Servir de enlace de la Comisión con la Presidencia de la República, sus Ministros, el Consejo de Gobierno y las demás instituciones públicas y privadas.

f) Nombrar al personal de confianza de la Comisión. Dichos funcionarios estarán excluidos del régimen de Servicio Civil. Estos nombramientos se harán de acuerdo a la valoración realizada por la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda en cuanto al número de funcionarios y los salarios que devengarán en concordancia con los lineamientos de ejecución presupuestaria.

g) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Comisión

h) Las demás atribuciones que le otorgue la Ley General de Administración Pública.

i)Supervisar la elaboración de un manual de procedimientos administrativos de la Comisión que deberá abarcar las labores de todos y cada uno de los departamentos de la institución.

j) Supervisar y evaluar periódicamente los programas de la Institución, manteniendo una labor sistemática de modernización, uso racional y eficiente de los recursos, para ello, podrá recomendar a la Junta Directiva las medidas operativas pertinentes.

k) Coordinar con los Ministros de Gobierno, instituciones autónomas, empresas públicas y municipalidades, las acciones y negociaciones que procuren obtener asistencia técnica, material y financiera para cubrir las necesidades que demande la institución.

i) Cualquier otra función que le encomiende la Junta Directiva.

CAPITULO IV

LA DIRECCION EJECUTIVA

Artículo 28.- La Dirección Ejecutiva será desempeñada por una persona que ostentará un cargo de confianza excluido del régimen de Servicio Civil. Su nombramiento y remoción lo hará libremente la Junta Directiva. El Director está subordinado a las directrices, lineamientos, órdenes y disposiciones de la Junta Directiva y del Presidente de la Junta.

El Director Ejecutivo asistirá a las sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto.

Artículo 29.- La Dirección Ejecutiva será responsable de las siguientes actividades:

a) Cumplir los acuerdos de la Junta Directiva, así como las decisiones, tareas o responsabilidades que le asigne la Presidencia de la Junta Directiva.

b) Presentar a la Junta Directiva, a través de la Presidencia y durante la primera semana de cada mes, un informe escrito del cumplimiento de los acuerdos de la Junta tomados durante el mes anterior. En los casos en que la Presidencia así lo determine, el Director Ejecutivo además deberá exponer oralmente el informe o los informes que se requieran en la sesión que se le indique.

c) Velar porque las dependencias, oficinas o unidades administrativas de la Comisión cumplan sus funciones con la mayor eficiencia, eficacia y economía, dentro del uso más adecuado y racional de los recursos, según las directrices emitidas por la Junta Directiva y la Presidencia de la Junta.

d) Ejecutar acciones en caso de situaciones de emergencia de conformidad con los lineamientos y acuerdos emanados de la Junta Directiva y el Presidente de la Junta.

e) Presentar por escrito al Presidente las solicitudes, criterios u opiniones que considere deban ser conocidos y analizados por parte de la Junta Directiva. El Director Ejecutivo en este caso podrá adjuntar dictámenes técnicos, legales y financieros que den sustento a lo presentado. La Presidencia decidirá si además de recibir el informe o documentos por escrito, brinda oportunidad en sesión y durante el tiempo que estime oportuno, para que el Director Ejecutivo exponga oralmente lo que estime conveniente al respecto o lo que le sea consultado.

f)Asegurarse de que se mantenga informada a la Presidencia de las gestiones realizadas por la Dirección Ejecutiva dentro de la actividad normal de la institución, para lo cual deberá seguir las directrices que le sean giradas.

 

CAPITULO V

LA AUDITORIA INTERNA

Artículo 30.- La Junta Directiva de la Comisión nombrará un Auditor por simple mayoría de votos. Su nombramiento será por tiempo indeterminado y dependerá orgánicamente de ésta.

Artículo 31.- Además de las competencias y potestades que se le asignan en los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias será la responsable de ejercer el control y fiscalización del Fondo Nacional de Emergencias. Ejercerá sus funciones con independencia funcional y de criterio respecto de la Junta Directiva.

Artículo 32.- La Junta podrá además crear el cargo de Subauditor, de conformidad con la legislación vigente, que sustituirá al Auditor en sus ausencias. Su nombramiento y remoción estará sujeto a las mismas condiciones del Auditor.

CAPITULO VI

DEL PERSONAL DE LA COMISION

Artículo 33.- La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, por intermedio de su Dirección Ejecutiva, conjuntamente con la Dirección General de Servicio Civil deberá establecer un sistema de reclutamiento, selección, remoción, clasificación y valoración de puestos, evaluación del desempeño, promoción y capacitación. Una vez elaborada la propuesta de sistema y aprobada por la Dirección General de Servicio Civil, el Presidente de la Junta deberá presentarlo a conocimiento de la Junta Directiva, para su discusión y aprobación.

Una vez que haya sido emitido un decreto de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, podrán realizarse nombramientos de emergencia sin el trámite de concurso. Estos nombramientos tendrán carácter transitorio y se harán de conformidad con lo estipulado en los artículos 19 y 25 de la Ley Nacional de Emergencia y con el primer párrafo del artículo 10 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.

TITULO III

EL PRESUPUESTO DE LA COMISION

CAPITULO I

ELABORACION DEL PRESUPUESTO

 

Artículo 34.- Durante la primera quincena del mes de julio de cada año, en el caso del Presupuesto Ordinario; y cuando sea necesario, en el supuesto de los Presupuestos Extraordinarios, la Presidencia de la Comisión deberá presentar a conocimiento de la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto de la Comisión. Para esos efectos la Presidencia contará con la colaboración de los funcionarios y los departamentos o unidades de la Comisión.

El Presupuesto deberá ser aprobado por la Junta Directiva a más tardar quince días después de haber iniciado el conocimiento del proyecto.

La Presidencia de la Junta Directiva deberá comunicar oportunamente al Poder Ejecutivo del Presupuesto aprobado por la Comisión con el propósito de que sea incluido en el próximo Presupuesto Nacional que se someterá a conocimiento de la Asamblea Legislativa.

La Presidencia hará del conocimiento de la Junta Directiva para su análisis y aprobación las modificaciones externas del presupuesto ordinario institucional así como los presupuestos extraordinarios, a efectos de presentarlos de inmediato para su revisión y aprobación a la Contraloría General de la República. Las modificaciones internas serán aprobadas por la Junta Directiva y comunicadas a la Contraloría General de la República en los informes de ejecución presupuestaria.

CAPITULOII

Fondo Nacional de Emergencias

Artículo 35.- El Fondo Nacional de Emergencias constituye un instrumento de financiamiento de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en la atención de situaciones de emergencia o prevención de situaciones de peligro inminente de emergencia y sus recursos sólo podrán ser utilizados para cumplir con las competencias que ese órgano tiene asignadas.

Artículo 36.- El Fondo tendrá las siguientes fuentes de financiamiento:

a) Aportes, donaciones, préstamos, subvenciones y contribuciones de personas físicas o jurídicas, nacionales o internacionales.

b) Partidas asignadas en presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

c) Las contribuciones que hagan las instituciones del Poder Ejecutivo, autónomas, municipalidades, empresas estatales y otras personas físicas o jurídicas públicas o privadas.

d)La comisión del 3% para gastos administrativos sobre las transferencias y donaciones recibidas.

e) El treinta por ciento de los recursos que reciba el Ministerio de Ambiente y Energía del Fondo Global Ambiental del Banco Mundial y en los casos en que aplique, le corresponderá a la Comisión el cien por ciento de este Fondo, cuando sea aprobado un proyecto que ésta presente.

f) Los recursos correspondientes al tres por ciento de las ganancias de las instituciones autónomas y empresas del Estado durante los primeros cinco años a partir de la vigencia de la Ley Nacional de Emergencia. Para esos efectos, la Comisión, con base en la información que recopile con la colaboración de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda, por intermedio de su Presidencia y con la antelación debida, recordará a cada una de las empresas o instituciones correspondientes las sumas que se deben presupuestar para dar frente a esta obligación legal.

g) Las donaciones en dinero efectivo que reciban la Comisión y sus comités.

H) Las ganancias resultantes de las inversiones realizadas con recursos del Fondo Nacional de Emergencia.

Artículo 37.- El Fondo estará bajo la supervisión de la Contraloría General de la República y el control y fiscalización inmediata de la Auditoría Interna de la Comisión, para lo cual tendrá las competencias y potestades que le asigna la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

CAPITULO III

INVERSIONES

Artículo 38.- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias creará, a propuesta de la Presidencia, un Comité de Inversiones cuya obligación será velar porque las inversiones que se realicen con los recursos del Fondo Nacional de Emergencia se hagan en entidades y empresas del Sector Público y que las mismas tengan un rendimiento real positivo.

Artículo 39.- Dicho comité será integrado por cinco miembros propuestos por la Presidencia de la Comisión, los cuales podrán ser sustituidos por la Junta Directiva a instancia de la Presidencia de la Comisión, y deberá reunirse por lo menos una vez mensualmente ó cuantas veces sea necesario según el caso, para revisar el estado de las inversiones y el rendimiento de las mismas.

Artículo 40.- El comité de inversiones deberá rendir informes mensuales a la Presidencia y a la Junta Directiva de la Comisión.

 

CAPITULO III

DONACIONES

Artículo 41.- Con motivo de una emergencia la Comisión y sus Comités locales, institucionales, de empresa, comunales y asesores técnicos, podrán recibir donaciones tanto nacionales como internacionales. La Comisión y sus comités serán los encargados de administrar los bienes recibidos, en razón de lo cual los Comités quedan obligados a comunicarle a la unidad encargada de todas las donaciones que reciban con motivo de una emergencia.

En todos los casos, los Comités deberán presentar ante la Comisión en el plazo de una semana posterior a la recepción de la donación un informe en relación con las donaciones recibidas y que incluirá al menos, lo siguiente:

a) Indicación expresa de cada una de las donaciones recibidas, señalando su fuente y especificando la naturaleza de los bienes recibidos, ya sean activos, dineros, productos .

b) Detalle de los bienes o dineros recibidos. En el caso de los dineros recibidos en efectivo, el comprobante de su correspondiente depósito en el Fondo Nacional de Emergencias.

c) Indicación del uso o destino de las donaciones.

De igual manera la Comisión deberá llevar separadamente un registro detallado de todas las donaciones recibidas.

Copia de los informes indicados deberá ser remitida a la Auditoría Interna de la Comisión y a la Contraloría General de la República.

Todos los comités serán responsables del control y vigilancia del uso y destino de los bienes donados.

En los casos en que corresponda y por la naturaleza de los bienes donados, la Comisión deberá disponer el uso de los mismos para evitar su deterioro ó destrucción y de esta manera aprovechar debidamente los bienes recibidos en donación.

Para el manejo de las donaciones, la Junta Directiva creará una unidad especializada y que será la responsable de velar por el debido cumplimiento de las directrices recibidas.

Toda colecta pública que se realice con el fin de recolectar recursos o bienes para atender una emergencia deberá contar con la aprobación previa de la unidad especializada a que se refiere el párrafo anterior.

Las ayudas y donaciones consistentes en dinero en efectivo se depositarán obligatoriamente en el Fondo Nacional de Emergencias.

Artículo 42.- En aquellos casos en los que la Comisión no encuentre un uso específico a los bienes donados podrá subastarlos, y los recursos que se obtengan de la subasta se deberán depositar en el Fondo Nacional de Emergencia.

TITULO IV

DE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS

CAPITULO I

RESOLUCIONES VINCULANTES

Artículo 43.-La Comisión emitirá dos tipos de resoluciones vinculantes:

 resoluciones vinculantes en materia de prevención de acuerdo a la actividad ordinaria de la Comisión

resoluciones vinculantes en situaciones de emergencia de acuerdo a la actividad extraordinaria de la Comisión amparada a una declaratoria de emergencia

 

Artículo 44.-La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante acuerdo de Junta Directiva, deberá emitir, cuando lo estime necesario, resolución vinculante en los siguientes casos:

a) Resoluciones sobre el otorgamiento o no de permisos de explotación forestal, mineros, de ríos y otros, en lugares en los que exista riesgo inminente de emergencia. También a partir de amenazas o los riesgos presentes en cualquier parte del territorio nacional.

b)Resoluciones sobre los lugares y las razones por las que no se autoriza la realización de construcciones, edificaciones, ampliaciones ni modificaciones, de proyectos de asentamientos humanos ya sea en forma total o parcial, en zonas de riesgo inminente de emergencia, establecidas previamente de conformidad con los estudios técnicos correspondientes.

c) Resoluciones sobre servicios y trámites en la construcción de obras civiles públicas y privadas, así como concesiones varias en prevención del riesgo inminente de emergencia.

En todos los casos la resolución correspondiente deberá sustentarse en estudios técnicos, que estarán a disposición de los afectados. Estas resoluciones deberán notificarse a las instituciones responsables del sector que corresponda y tendrán carácter vinculante.

Artículo 45: La Comisión deberá elaborar un documento oficial que indique los lugares y las razones por las cuales no puede autorizarse ningún proyecto de construcción, edificación, ampliación ni modificación de proyectos de asentamientos humanos parcial o totalmente, en zonas de riesgo inminente de emergencia establecidas con anterioridad.

Este documento se remitirá a las siguientes entidades:

a) Municipalidades del país, con la indicación de las áreas dentro de su circunscripción que se afectan en la resolución.

b) Al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y a las demás entidades encargadas de autorizar las construcciones.

Al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el cual queda obligado a informarlo por escrito a todos sus asociados.

Entidades que correspondan según el sector.

La Comisión deberá velar porque dicho documento sea actualizado anualmente. A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que edifiquen en las zonas declaradas como prohibidas en el documento al que hace referencia este artículo, se les aplicará la obligación de derribar la obra conforme al segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de Emergencia.

 

CAPITULO II

El Plan nacional de prevencion de riesgos y atencion de emergencias

Artículo 46.- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias deberá aprobar un Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, con carácter vinculante y que deberá ser emitido mediante decreto ejecutivo. La Junta Directiva además, deberá tomar las medidas necesarias para velar por su debido cumplimiento.

 Artículo 47.- Para la aprobación del Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias se deberán seguir los siguientes pasos:

a) La Presidencia de la Junta Directiva será el responsable de coordinar todas las actividades necesarias con el propósito de lograr la emisión del Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Para tales efectos se creará un departamento especializado que será el encargado de convocar a todos aquellos ministerios, entidades, instituciones y personas físicas y jurídicas competentes, con el propósito de iniciar un proceso de análisis, discusión y resolución de los distintos puntos que deberá contener el Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Dicho departamento será responsable además de la elaboración del Plan, de velar por su efectivo cumplimiento, vigencia y actualización.

b) Dentro de un plazo máximo de sesenta días a partir del inicio de las reuniones a que se hace referencia en el inciso anterior, la Presidencia deberá presentar el documento a la Junta Directiva para su discusión. Esta, por acuerdo razonado, podrá introducir modificaciones al documento presentado por el Presidente, previo a su aprobación final.

c) La Presidencia deberá enviar el documento aprobado por la Junta Directiva de la Comisión al Poder Ejecutivo para la emisión del decreto ejecutivo correspondiente.

d) La Junta Directiva, por intermedio de su Presidencia, podrá realizar procesos de consulta, por lo menos una vez al año ó cuando lo considere necesario, a todos los ministerios, instituciones, entidades y personas físicas y jurídicas participantes o responsables en el cumplimiento del Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, con el propósito de actualizar o modernizar los aspectos del Plan que estimen necesario. Estas modificaciones serán presentadas por la Presidencia ante la Junta Directiva de la Comisión, con el propósito de que sean definitivamente aprobadas e incorporadas al Plan. Luego se dará comunicación al Poder Ejecutivo, para la emisión del decreto ejecutivo correspondiente.

CAPITULO III

Los Planes Cantonales Reguladores para la Prevención de Riesgos Inminentes de Emergencia

 

Artículo 48.- La Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, deberá aprobar los Planes Reguladores para la Prevención de Riesgos Inminentes de Emergencia para cada cantón del país. La Junta Directiva además, deberá tomar las medidas necesarias para velar por su debido cumplimiento.

Artículo 49.- Para la aprobación de estos Planes se deberán seguir los siguientes pasos:

a) Una vez emitido el Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante decreto ejecutivo, dicho Plan será la base para la formulación de cada uno de los Planes Reguladores en los cantones del país.

b)La Presidencia de la Comisión en coordinación con el departamento especializado señalado en el inciso a) del artículo 46 del presente Reglamento, convocará a todas las entidades públicas y privadas, el gobierno local y a la sociedad civil en general de cada cantón con el propósito de iniciar un proceso de análisis, discusión y resolución de los distintos puntos que deberá contener el Plan Regulador Cantonal el cual será de acatamiento obligatorio.

c) Con la mayor brevedad posible a partir del inicio de las reuniones a que se hace referencia en el inciso anterior, se deberá presentar el documento a la Junta Directiva para su discusión. Esta, por acuerdo razonado, podrá introducir modificaciones al documento presentado, previo a su aprobación final.

d) La Comisión, podrá realizar procesos de consulta, una vez al año, a todas las entidades públicas y privadas y a la sociedad civil y personas físicas y jurídicas participantes o responsables en el cumplimiento del Plan Regulador del cantón correspondiente, con el propósito de actualizar o modernizar los aspectos del Plan que estimen necesario.

Los Planes Cantonales Reguladores para la prevención de riesgos inminentes de emergencia tendrán el carácter de vinculante para las autoridades públicas y personas físicas o jurídicas dentro del cantón en que se haya emitido.

  

CAPITULO IV

PREVENCION PRESUPUESTAL PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES

Artículo 50.- Anualmente y previo a la presentación de los presupuestos anuales por parte de los organismos de la Administración central y descentralizada y los gobiernos locales, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, por intermedio de su Presidencia, comunicará a las entidades y organismos referidos la obligación legal de incluir una partida presupuestaria destinada a prevenir situaciones de riesgo inminente de emergencia y atención de emergencias. La Presidencia de la Comisión, por intermedio de funcionarios especializados, podrá asesorar a cada organismo o institución en la determinación de las necesidades presupuestarias con dicho propósito.

De la totalidad de estos fondos las instituciones podrán destinar, porcentajes iguales para la prevención de situaciones de riesgo inminente de emergencia y para la atención de emergencias.

 

CAPITULO V

UNIDADES EJECUTORAS Y CONTRALORIA DE UNIDADES EJECUTORAS

 Artículo 51.- Se define como Unidades Ejecutoras a los entes nombrados mediante acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la ejecución de uno ó varios proyectos de rehabilitación y/o reconstrucción necesarios para la atención de una emergencia declarada mediante decreto ejecutivo de acuerdo con el Plan de Inversión presentado, el cual debe ajustarse en un todo al Plan Regulador de la Emergencia específica.

Podrán ser Unidades Ejecutoras los Ministerios, los organismos o empresas públicas, u otros organismos de interés público a condición de que cuenten con una adecuada organización administrativa que garantice el debido cumplimiento de las metas propuestas, la óptima satisfacción de las necesidades y el adecuado control en el manejo y uso de los recursos disponibles.

Para los efectos correspondientes, la Junta Directiva de la Comisión, dictará el reglamento que norme y regule el funcionamiento de las Unidades Ejecutoras.

Artículo 52.- Cada Unidad Ejecutora deberá designar como mínimo, tres funcionarios específicos, que la representen, los cuales serán responsables de coordinar con la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión, la presentación de documentos, trámites de pagos, solicitudes de compras, presentación del Plan de Inversión, procesos licitatorios, inspecciones de proyectos, informes de avances, trámite de órdenes de modificación, finiquitos, etc; cuyos nombres, números de identificación y registros de firmas deberán ser remitidos a la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Artículo 53.- Todas las Unidades Ejecutoras nombradas dependerán directamente de la Dirección Ejecutiva de la Comisión.

La Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión será la unidad encargada del control y fiscalización de las mismas.

Toda unidad ejecutora debe coordinar la totalidad de sus acciones con la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión. Además deberán rendir los informes necesarios para la ejecución de los proyectos; así como sobre el avance físico como financiero de los mismos de acuerdo a los cronogramas establecidos.

Artículo 54.- En caso de que por razones excepcionales la unidad ejecutora fuera autorizada por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la administración de recursos financieros, ésta deberá sujetarse a todos los mecanismos de control interno que se establecen en la Ley de Contratación Administrativa, sin perjuicio de aquellos controles externos que se requieran, debiendo suministrar mensualmente informes a la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión sobre el desarrollo de las actividades y destino de los recursos en cuestión.

Artículo 55.- Además cada Unidad Ejecutora deberá llevar por separado, el control financiero de los fondos asignados por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para la ejecución de los proyectos y un registro detallado de la ejecución de los egresos de los proyectos y presentar un informe mensual de los mismos a la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión, donde indique el porcentaje estimado de avance y su calidad.

Artículo 56.- En cualquier tipo de proyecto, independientemente del plazo de duración, las Unidades Ejecutoras deberán presentar a la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la Comisión, un informe final detallado de cumplimiento, que incluya los logros obtenidos y el costo total del proyecto y los respectivos finiquitos.

CAPITULO VI

CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Artículo 57.- De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, contará con Proveeduría propia a través de la cual se tramitarán, bajo los procedimientos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico, todas las contrataciones de bienes y servicios mediante un manual de contratación creado para tal efecto y que deberá ser aprobado por la Junta Directiva. Dicho manual de contratación, deberá estar concluido a más tardar noventa días contados a partir de la publicación del presente reglamento.

Artículo 58.- Toda contratación de bienes y servicios que realice la Comisión deberá apegarse en un todo a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, con las excepciones que permite la aplicación del régimen de excepción cuando el mismo proceda, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Nacional de Emergencia.

 

CAPITULO VII

Disposiciones Finales

Artículo 59.- En las referencias que se hacen a la Comisión o la C.N.E. en el presente reglamento se entiende que se trata de la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

Para efectos divulgativos, propagandísticos o de comunicación en general, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias podrá utilizar las letras mayúsculas C, N, E, separadas entre sí por un punto.

Artículo 60.- Se deroga el Decreto Ejecutivo número 25216 MOPT del 30 de mayo de 1996, Reglamento de Emergencias Nacionales.

Artículo 61.- Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.- San José, a los tres días del mes de febrero del dos mil.